Pasar al contenido principal OPOSICIÓN //// 13.02.2011 El problema de la vivienda según los informes de la Defensoría del Pueblo Capital Federal (Agencia Paco Urondo, por Victoria Palacios) La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido un informe sobre la situación de la vivienda en Capital Federal, su falencia y la conformación de asentamientos precarios. Los asentamientos no son sólo un resultado del retroceso económico de los sectores populares en los 90 y su crecimiento exponencial después de la crisis de 2001. El problema vinculado a este es el de la política poblacional. Lo que preocupa es la distribución y las condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad en general, y con especial énfasis, de los habitantes de los asentamientos urbanos en particular. Mientras no haya una verdadera planificación y estrategia habitacional que involucre a todas las capas de la sociedad los asentamientos crecerán. Y lo verdaderamente sórdido es que el porcentaje poblacional más alto de los asentamientos de la ciudad (un 60 % aproximadamente) corresponde a menores de edad. Las cifras exactas de habitantes que tiene cada asentamiento estarán con el último censo, pero podemos acercarnos a entender su violento crecimiento si tenemos en cuenta la edad de la mayoría de sus habitantes y las cifras que se duplicaron entre 2005 y 2009 en los asentamientos más pequeños. Entre el 5 % y el 12% de este universo infantil no tiene más de un año de edad. Del total de familias asentadas, alrededor del 40% son grupos numerosos. La mayoría de sus habitantes no posee trabajo estable, están excluidos del mercado formal de trabajo y subsisten de la recolección de residuos y cartones. Los patrones comunes son la inaccesibilidad a los servicios fundamentales, el hacinamiento, el riesgo sanitario. El informe señala como causas, además de las reformas económicas de los 90 y la carencia de una política habitacional, un tercer elemento: la criminalización de los habitantes de los asentamientos y su extrema vulnerabilidad social. “La ciudad formal” no produce materiales de desecho que “otros” consumen y reciclan. La “ciudad formal” en un gran basural. En todas las esquinas, en todas las plazas, en todas sus instituciones se huele el aire corrompido. No es una metáfora. Hay mugre y esto produce urticaria. Entonces buscar culpables ajenos, que se acerquen más a la representación que tenemos de los “otros” produce alivio, y oxígeno, si los mandamos a las fronteras, recorrido “irremediable” de cierta tradición política naturalizada de nuestro país. Pareciera percibirse que las fronteras que convierte a sus habitantes en “moradores” resultan ser las autopistas, las vías de los trenes, algunas avenidas. También “pareciera” que se movilizan moralmente en forma impersonal, como un conglomerado que “elije” vivir en lugares “inadecuados”. Los informes del año pasado consolidan un mismo discurso: el derecho a la vivienda es un derecho humano paradigmático. Su valor y resolución es el primer paso en el cumplimiento de los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (nacional y local) como son los derechos universales de los niños, de la mujer, de los refugiados, de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Existe de este modo, una obligación estatal, con fundamento en la Constitución Nacional y local y los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional, de asegurar el acceso a los derechos a la salud y a la vivienda adecuada. De ahí que una de las estrategias a abordar sea la de la titularización de tierras ocupadas (tanto públicas como privadas): La precariedad del entorno y la vulnerabilidad material y social se sustenta en una precariedad simbólica. Por esta razón, las estrategias del Estado de intervención inmediata como consecuencias de los desalojos son ineficientes. Y, en algunos casos, como los subsidios que garantizan alquileres o albergues en un plazo de cuatro a seis meses, directamente vergonzosas. En muchos casos, reinciden (y naturalizan) las condiciones de vida de los asentamientos de los que provienen (se registraron hoteles sin agua caliente, y por ende, en pésimas condiciones de higiene). Los grupos humanos afectados por esta operatoria no tienen un seguimiento y acompañamiento de profesionales que los ayuden y asesoren en la apropiación de soluciones habitacionales sostenibles en el tiempo que mejoren su calidad de vida: “En su conjunto, los niveles de vulnerabilidad descriptos señalan la necesidad de definir líneas explícitas de intervención que incluyan una evaluación integral de la problemática socioeconómica, de empleo y, especialmente, habitacional de estos grupos y que contribuyan a potenciar sus recursos y capacidades, con criterios de radicación y arraigo, donde ello sea posible. De hecho, en varios de estos asentamientos resultaría viable planificar y ejecutar soluciones habitacionales sostenibles en los mismos predios ocupados. El caso del Asentamiento Los Pinos resulta, al efecto, paradigmático”. La respuesta a la desidia general del gobierno porteño en la ejecución de políticas habitacionales concretas, y sostenibles en mediano y largo plazo, no es sólo una cuestión de discriminación ambiental, y en definitiva racial como describe la defensoría del pueblo en cada uno de sus informes centrados en la inoperancia de los programas del Gobierno de la Ciudad, incumplimientos de los convenios, y ausencia de planes. Si trazamos un diagrama de la ciudad y vinculamos la propagación y acrecentamientos de los asentamientos, la fuente de trabajo predominante de la mayoría de su población, y la paradójica riqueza de la basura, el entramado es evidente. Para ver el informe completo: http://www.defensoria.org.ar/areastematicas/vivienda10.php (Agencia Paco Urondo) Facebook Twitter WhatsApp Telegram Compartir Facebook Twitter WhatsApp Telegram Compartir Colectivo de Comunicación Paco Urondo 2005-2020 Para comunicarte con la redacción de APU escribinos a agenciapacourondo@gmail.com Suscribirse Email Address * Los contenidos de este sitio están sujetos a una licencia Creative Commons Diseño y desarrollo > gcoop. Cooperativa de Software Libre

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